La Justicia detectó que el jefe de Gabinete recibió 100 mil dólares en 2024, tiene la obligación de responder al requerimiento de justificación de patrimonio.
La información surgió luego de que la Justicia levantara el secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. A partir de esa medida, se comprobó que al menos dos plataformas de criptoactivos, Lemon y Binance, realizaron envíos de dinero a cuentas vinculadas al funcionario durante 2024.
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Según las fuentes judiciales, estos movimientos no coinciden con la reciente explicación pública de Adorni sobre supuestas ganancias obtenidas por inversiones en bitcoin realizadas hace más de una década.
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Por el contrario, se trata de transferencias posteriores que también habrían registrado egresos, luego de que parte de esos fondos fueran convertidos en dólares y bancarizados.
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Qué inconsistencias investiga la Justicia
Según pudo saber Notas de Actualidad, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo descubrieron estos movimientos hace más de un mes. Sin embargo, las nuevas declaraciones televisivas de Adorni sobre sus inversiones en bitcoin no hicieron referencia a estas operaciones.
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Los investigadores sostienen que existen diferencias entre las cifras incorporadas por el funcionario en sus últimas declaraciones juradas y la información remitida por las compañías que administran las billeteras virtuales. Estas inconsistencias se suman a las dudas sobre el origen de los más de US$500.000 que el jefe de Gabinete asegura haber obtenido mediante inversiones en criptomonedas.
Entre las preguntas que la Justicia busca responder figuran quiénes enviaron esos activos digitales, por qué el funcionario recibió esos fondos mientras ejercía un cargo público y qué destino tuvieron los dólares obtenidos tras la conversión de las criptomonedas.
Dudas sobre las inversiones en bitcoin
La investigación también se concentra en la versión de Adorni respecto de las ganancias obtenidas con bitcoin. Los peritos especializados en criptoactivos consideran que la posesión de las claves de una billetera digital no constituye, por sí sola, una prueba concluyente de que una persona haya realizado las operaciones que allí figuran.
Los investigadores analizan la posibilidad de que las billeteras hayan sido utilizadas para intentar justificar el origen de fondos cuya procedencia aún no pudo ser acreditada.
Las sospechas se profundizaron luego de que el funcionario reconociera públicamente haber mantenido ahorros no declarados. Además, rectificó sus declaraciones juradas correspondientes a 2023 y 2024, incorporando inversiones, deudas y otros bienes que previamente no había informado.
La compra de la casa en Indio Cuá, otra operación bajo análisis
La Justicia también investiga la adquisición, demolición y remodelación de una propiedad en el country Indio Cuá. Según el contratista de la obra, el costo final de la vivienda habría alcanzado casi los US$250.000 y los pagos se realizaron en efectivo.
Sin embargo, en la rectificación de sus declaraciones juradas, Adorni informó que las remodelaciones demandaron poco más de US$170.000. La diferencia entre ambas cifras es otro de los puntos que analizan los investigadores, quienes ya cuentan con facturas, remitos y otros documentos aportados al expediente.
Mientras avanza el análisis patrimonial a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), la situación del jefe de Gabinete se vuelve cada vez más compleja. La Justicia se encamina a exigirle un requerimiento de justificación patrimonial para determinar si el crecimiento de su patrimonio tiene un origen debidamente acreditado.
